Por Rafael Morillo – 28/01/2017

Las segundas oportunidades y las posibilidades de reinserción social son fundamentales en una sociedad democrática. Más aún para los menores que han cometido un delito. Garantizar las segundas oportunidades a jóvenes que han cometido un delito es el objetivo final de la Ley de Menores, de sus juzgados y de todos los técnicos que trabajan día a día con ellos.
De todos los menores juzgados en 2015, solo un 15% tuvieron que pasar a internamiento en régimen cerrado y un 12% en régimen semiabierto. A la mayoría de los jóvenes se le impuso la libertad vigilada junto con una serie demedidas educativas y de reinserción.
Cuando se implantan estas medidas es fundamental una figura que tenga como objetivo ejecutar las medidas judiciales y ayudar al menor en su reinserción social, además de intentar mejorar sus circunstancias personales, familiares y sociales.  Esa figura es la del educador social. Estos profesionales planifican un programa educativo personalizado y realizan un seguimiento del menor mientras cumplen las medidas judiciales que son fundamentales para la reinserción de los menores juzgados.
Los menores con los que trabajan los educadores sociales son jóvenes con problemas de integración, baja aceptación de las normas e influenciables a la presión de grupo donde, normalmente, se mitifica al que comete delitos. Estos, en su mayoría, provienen de familias desestructuradas cuyas principales características son un gran número de miembros, escasos ingresos económicos y falta de comunicación.
Por el contrario, también es muy común, y cada día más, que los educadores sociales se encuentren con menores provenientes de familias y entornos estructurados y socialmente reconocidos. Estos menores tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, pero no han recibido la atención necesaria en su proceso de maduración. Son muy variados los delitos cometidos por los menores. Los más comunes pueden ser problemas con las drogas, pequeños robos o hurtos y violencia familiar. Este último es uno de los delitos que más ha incrementado en los últimos años.
Las distintas circunstancias sociales y familiares unidas a los distintos delitos y problemas de los jóvenes hacen que las sentencias tengan que ser flexibles y ajustarse a las necesidades del menor. Normalmente, se obliga al menor aretomar sus estudios, ya que muchos de ellos los han dejado. Por otro lado, dependiendo de las circunstancias del menor y de sus delitos, se le obliga a ir a terapia familiar, realizar tareas socioeducativas o prestaciones de beneficios a la comunidad. Por todo ello, es fundamental la labor de los educadores sociales, quienes realizan un seguimiento de estas actividades, además de aconsejarle y llevar un programa educativo adecuado a las circunstancias que lo llevaron a cometer el delito.
Además de realizar el seguimiento de las actividades programadas para el menor, los educadores sociales tienen la función de realizar informes y programas de mediación con los Juzgados de Menores para que el menorse enfrente a las consecuencias de sus propias acciones. Es importante analizar caso por caso ya que las medidas judiciales se deben ajustar a las circunstancias de cada joven y al delito que hayan cometido.
El 90% de los menores se reinsertan tras cumplir las medidas judiciales. Datos que demuestran la importancia de estas condenas y del trabajo que realizan los educadores sociales, jueces y equipos técnicos en la reinserción de estos jóvenes. El artículo 25 de la Constitución Española expresa claramente que el objetivo de una pena judicial es la reeducación y la reinserción social. Trabajo del que se encargan Justicia Juvenil y los Juzgados de Menores para ofrecerle a los menores esa segunda oportunidad que necesitan y le debemos dar.

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